Tamaulipas: implicados en procesos judiciales, 4 gobernadores en 28 años

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▲ Manuel Cavazos Lerma, gobernador de Tamaulipas en el periodo 1993-1999; Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004); Eugenio Hernández Flores (2005-2010), y Francisco García Cabeza de Vaca (2016 a la fecha)

En los últimos 28 años, cuatro de los cinco gobernadores de Tamaulipas han sido implicados en asuntos judiciales, dos del llamado Grupo Matamoros, Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington Ruvalcaba; uno oriundo de Ciudad Victoria, la capital del estado, Eugenio Hernández Flores –los tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y uno de Reynosa, de donde a la fecha no había surgido un titular del Ejecutivo estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN). De los cuatro, el panista es el único que ha enfrentado cargos estando aún en funciones.

Desde junio de 2010, cuando el entonces candidato priísta Rodolfo Torre Cantú fue asesinado de 24 balazos en Ciudad Victoria, tres días antes de los comicios, la prensa regional y nacional consideró que la delincuencia llegó al aparato gubernamental con Cavazos Lerma (1993-1999); “se había sentado” con Yarrington Ruvalcaba (1999-2004), “se parrandeó” con Hernández Flores (2005-2010) y “gobernó” de la mano con los siguientes mandatarios estatales: Egidio Torre Cantú (2011-2016), –hermano de Rodolfo– y García Cabeza de Vaca, que inició su mandato el 1º de octubre de 2016.

Al inicio de su gestión, Cavazos Lerma nombró procurador de justicia a Raúl Morales Cadena, hijo de Raúl Morales Farías, abogado del matamorense Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas (1915-2001), contrabandista de alcohol en Estados Unidos durante la década de 1930 y señalado como fundador del cártel del Golfo.

Ante la presión de la prensa, Manuel Cavazos retiró del cargoa Morales Cadena antes de un año. Posteriormente se le designaría magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, para tres periodos de seis años cada uno que concluyeron en febrero de 2021. Ya no fue relecto, porque la ley se lo impedía.

 

Con información de la Jornada

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