El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la inhabilitación por 10 años que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración, lo cual le impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, por haber falseado su declaración patrimonial.
Por separado, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo promovido por Humberto René Islas Cortés, decisión que lo obligará a resarcir los daños causados al erario. El ex colaborador de Robles Berlanga y coacusado en el caso conocido como la estafa maestra se desempeñó como director de Recursos Materiales en la Sedesol y como director de Servicios Generales en la Sedatu durante el tiempo en que estas dependencias fueron encabezadas por la ex funcionaria.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Islas Cortés deberá devolver al erario 33 millones 633 mil pesos junto con Alejandro Vera, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, otros ex funcionarios de esa casa de estudios y la firma Dumago Systems, una de las empresas fantasmas utilizadas en dicho esquema fraudulento.
